Doria & Asociados

La labor del testigo en el Procedimiento de Escrutinios. 

Por Guillermo A. Bermúdez  Salazar.  

Abogado en Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia.

 

Para las campañas electorales uno de los principales retos que impone las jornadas de elecciones es precisamente la del procedimiento de escrutinios, en donde se gana o se pierde dependiendo de la atención, preparación y trabajo de los testigos electorales debidamente acreditados ante los puestos, zonas, o mesas de votación, o de los apoderados que así constituyan los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, e incluso los mismos candidatos.

 

No obstante la evidente importancia de la actividad escrutadora y de las consecuencias que imponen su desatención por parte de las Campañas, es un error común observar testigos electorales haciendo un trabajo que en algunos casos no comprenden, no entienden o lo que es peor, para el que nunca han sido capacitados, limitándose a escuchar los resultados de las elecciones conforme los muestran los registros electorales, o a solicitar de manera repetitiva y casi que automática el reconteo de votos.

 

Esa tarea casi vigilante que desarrollan testigos y abogados -muchas veces con pocos conocimientos en la materia- por igual, se torna mucho más compleja en la medida del atropello y premura con las que en ocasiones adelantan el procedimiento de escrutinios los miembros de las Comisiones Escrutadoras, que a su vez, al igual que sus interlocutores, para desgracia de la democracia y de los principios mínimos orientadores del derecho electoral y del procedimiento de escrutinios, e incluso de los mismos candidatos, no saben por ejemplo las diferencias que existen entre las reclamaciones electorales con las peticiones en las que se agota el requisito de procedibilidad para acudir a la vía judicial.

 

Por extraño que parezca, las reclamaciones electorales y la petición con la que se agota del requisito de procedibilidad no es lo mismo, -pues tienen serias y sustanciales características que las diferencias las unas de las otras- y esa duda o torpeza, ha sido el infortunio de muchas campañas y candidatos que, aunque en derecho tienen la razón, por no saber ejercerlo, no pueden ver satisfechas sus pretensiones ni en la sede administrativa ni mucho menos en la sede judicial.

 

Entonces, ese reto que imprimen los escrutinios en las campañas electorales debe ser atendido seriamente, no solo buscando asesoría especializada que le permita “tener mayores posibilidades”, sino también capacitando a sus testigos electorales e incluso a sus otros miembros para efectos de lograr un adecuado control del escrutinio en beneficio de sus intereses. Por alguna razón se dice que quien escruta es quien elige.                                      

 

 

Guillermo A. Bermúdez Salazar.

Abogado Especialista en Derecho Administrativo.

 Doria & Asociados Abogados.

 

                                                           

 

                                                                                     

La importancia de tener una Marca Registrada. 

Por Javier Doria. 

Director Juridico. Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia.

 

La marca de una empresa representa uno de sus valores agregados más importantes.

El desarrollo de las nuevas tecnologías, el auge que ha tenido el manejo de las redes sociales, la globalización económica y la ruptura de fronteras entre países ha traído consigo la necesidad de identificarse dentro de un mundo cada vez más homogéneo y menos particular. Las empresas como las personas tienen la necesidad de ser únicas e irrepetibles y para conseguir destacarse dentro de una jungla de ofertas y propuestas es necesario tener una marca que se distinga y logre generar un nivel de recordación entre los consumidores.

 

Por ello se hace imperativo que la empresa proteja al signo que le diferencia del resto del mercado, lo que es posible a partir de un procedimiento de registro marcario conforme a las normas internacionales, determinadas para estos casos en llamada Clasificación de Niza, establecida en el año 1957 que se aplica para la identificación y registro de productos y servicios.

 

Dentro de las ventajas que tiene para la empresa poseer una marca registrada se encuentra la de tener un derecho de uso exclusivo sobre la misma lo que implica que nadie pueda utilizar ningún tipo de signo igual o similar que genere confusión al consumidor para productos o servicios, pero además le da al titular del registro la posibilidad de ejercer acciones de tipo legal cuando ello ocurre.

 

Sin duda, otra de las importantes ventajas que el registro genera para la empresa  es que estas representan un bien empresarial, que aporta valor agregado al producto o servicio a la cual se encuentra asociado, lo que permite la posibilidad de ser agenciado o franquiciado. El registro marcario brinda entonces la posibilidad de adentrase al mercado con una identidad propia, pero además causando el impacto y la ventaja competitiva que la empresa necesita para posicionarse entre los consumidores. 

 

 

 Javier Doria Arrieta Abogado Doria y Asociados Abogados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Doria Arrieta. 

Director Jurídico.  Doria & Abogados Asociados. 

Abogado. Magister en Derecho. Especialista en Derecho.

 Especialista en Derecho de los Negocios.

 

 

La EPS no puede negar tratamientos médicos.

Por: Aneyenzy Carrillo Velasquez.
Abogada. 
Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia. 

tratamiesntos medicos

 

“(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere;
(ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio;
 (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y
(iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo ”.

 
Es decir, que solo cuando en una misma circunstancia se cumpla con estos cuatro condiciones, la EPS en la que el paciente se encuentre afiliado ESTA OBLIGADA A SUMINISTRAR  los medicamentos o tratamientos que este necesite.

Esta jurisprudencia, se fundamenta en el hechos de que el derecho a la salud es de carácter fundamental, y se le debe tener un trato diferente cuando está de por medio grupos poblacionales en circunstancias de debilidad manifiesta, o en condiciones de desigualdad social y económica.

Ahneyenzy Carrillo Velasquez Abogada Doria y Asociados abogados Cartagena

 

Ahneyenzy Carrillo Velasquez.


Abogada. 
Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia.

La Reforma del Gobierno frente al Sistema Penal Acusatorio Colombiano, tendiente a suprimir la audiencia de imputación de cargos.  

Alexander Cabarcas Cassiani 

Abogado. Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia.

 

¿Con la desaparición de la audiencia de imputación de cargos, se soluciona los problemas estructurales del sistema penal acusatorio?

Recientemente, el Gobierno Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación presentó reforma a ley 906 de 2004, solicitando la exclusión de la audiencia de imputación de cargo; siendo ésta última el acto mediante el cual la Fiscalía General de la Nación, le comunica a los ciudadanos, en audiencia realizada ante un Juez con Funciones de Control de Garantías, que se ha iniciado una acción penal en su contra. El objetivo de este acto, es el de permitir a la persona imputada, que active su sagrado derecho fundamental de defensa con el fin de afrontar el proceso penal que frente a él se adelanta.


Ahora bien, el gobierno propone a través de su reforma, eliminar  la audiencia de imputación de cargos y a su vez plantea que dicho acto de imputación debe hacerse de forma escrita, citándose al indiciado o a su apoderado para que se dirijan a la fiscalía y se enteren de la decisión; en caso de no asistir a la notificación de la decisión dentro de los diez (10) días siguientes, se declarará la contumacia del procesado.


Para los casos en que la persona haya sido aprehendida por orden judicial, o capturada en flagrancia, el acto de la imputación se hará de forma oral.


La reforma presentada por el gobierno, no soluciona los problemas estructurales que padece el actual sistema penal oral acusatorio, tendiente a que las soluciones sugeridas en la reforma, son insuficientes frente a los verdaderos cambios requeridos en el sistema, tales como: el término en la etapa de indagación, dado que nuestra legislación no contempla un tiempo en la cual deba culminar, señalándose que este lapso será el de la prescripción del delito, o sea el tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá de veinte.
Como consecuencia de lo anterior, fácilmente una persona puede estar investigada durante veinte (20) años sin que su situación judicial se resuelva, todo esto contrariando los mínimos admisibles reconocidos por la convención interamericana de derechos humanos.

 Alexander Cabarcas Cassiani Doria y Asociados Abogados Cartagena.

Alexander Cabarcas Cassiani 

Abogado. Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia.

La Paz y el Desarrollo Social Sostenible. 

Por: Katherin Herrera Guzman. 

Abogada en Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia.

 

La dinámica del conflicto armado, ha representado una grave afectación no solo de los Derechos Fundamentales de la población civil sino también de la calidad de vida y Desarrollo social sostenible de las diferentes  comunidades.

 

Se puede decir que si existe una relación inescindible entre el desarrollo social sostenible y el logro de la paz, pues a mayor desarrollo, serán menores los conflictos sociales que se generen, debido al bienestar comunitario que éste irradia: y correlativamente, a mayor nivel de conflicto, menor es el desarrollo social y económico de un sector, toda vez que los inversionistas, por ejemplo, se alejan de los sectores conflictivos, en busqueda de mejores oportunidades; el desplazamiento forzado causó una disminución en la mano de obra de las actividades productivas como la agricultura y la ganadería, el éxito de medidas de pacificación depende del bienestar que logren los ciudadanos desde el punto de vista social y económico.

 

El reto entonces que nos queda a los ciudadanos es el de activarnos con este momento histórico del país y desde la oportunidad de participación que nos da la Constitución y la Ley, enterarnos en qué consisten los Acuerdos de la Habana en cada uno de los capítulos de la agenda especialmente en lo referente con la Política de Desarrollo Agrario y Rural y el Fin del Conflicto, para hacer nuestro aporte.

  

Katherine Herrera Guzman. 

Abogada Líder.

Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Especialista en Derecho Administrativo.

  

El régimen de Contratación Pública en Colombia y los alcances de la reforma propuesta por Colombia Compra Eficiente.

Por Lina P. Viera Almanza.

Abogada en Doria & Asociados Abogados.

Cartagena-Colombia. 

 

 

Hoy cursa en el Congreso de la República, un proyecto de ley que busca reformar o mejor, derogar la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y reglamentarias del Estatuto de la Contratación Pública. 

Con ese proyecto, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente creada mediante Decreto 4170 del 3 de noviembre de 2011 con el fin de impulsar políticas públicas orientadoras de los procesos de compras y adquisición de bienes por parte de Entes Estatales con recursos públicos; pretende dinamizar los procesos de contratación y con ello permitir la participación masiva en los procesos contractuales adelantados por esas Entidades. 

Para ello se propone generar cambios sustanciales y procedimentales en materia contractual, en cada una de sus etapas, esto es, pre contractuales, contractuales y post contractuales. Al punto de proponerse, por ejemplo, que el porcentaje del anticipo pactado como forma de pago y garantía de ejecución del contrato, sea reducido de un 50% a un 30%, lo que conlleva a pensar que la apuesta del Gobierno Nacional es hacer partícipes de los procesos contractuales a Empresas o Proponentes Naturales con músculos financieros que no pongan en riesgo la ejecución del objeto contratado. Sin embargo, ello no deja de inquietar si esa regla respetaría o no la real participación de las pequeñas y medianas empresas dentro de los mismos. Pues, frente a ello, poco o nada se dice en el cuerpo normativo propuesto. 

Se propone además, que desaparezca de la vida jurídica los términos y condiciones consagrados para los procesos de selección de contratista hoy existentes, como la Licitación Pública, sin contar que nada se prevé, por ejemplo; sobre los Concursos de Méritos; pero en su defecto se busca crear modalidades de selección de contratista como: 

 

-      La Competencia abierta; 

-      La Competencia restringida con preclasificación; 

-      La Competencia restringida con invitación y posterior negociación y;

-      La Compra pública innovadora. 

 

Frente a las que se entiende, deberán ser objeto de reglamentación por parte del Ejecutivo. 

Pese a lo anterior, las Entidades Públicas podrán seguir contando con las herramientas contractuales ya existentes tales como los acuerdos marcos, las subastas y pujas en bolsas.

De otra arista, se plantea que las Entidades Contratantes puedan evaluar sus propuestas a la luz de los criterios establecidos en el Proceso de Abastecimiento; observando el precio, los costos del ciclo de vida, las condiciones técnicas, la experiencia del oferente o de su equipo de trabajo, las condiciones de entrega del bien-obra-servicio, el servicio posventa, las características estéticas o funcionales, aspectos de sostenibilidad ambiental, innovación, la mejor relación costo- beneficio y la mejor relación costo- eficacia

Ahora bien, sin que lo inmediatamente manifestado resulte del todo innovador, no es menos cierto, que el proyecto de ley aludido, pareciera retroceder respecto al tema de los requisitos de subsanabilidad de las propuestas y que han suscitado múltiples pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia; pues del texto en comento desaparece el criterio fijado por el parágrafo 1º del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 (todo requisito de la propuesta que no otorgue puntaje dentro del proceso de selección, puede ser subsanado, en el caso de la Licitación Pública, hasta la adjudicación) y en su defecto se contempla el criterio de que todas las propuestas deben ser completas y en caso de presentarse alguna inconsistencia en ésta última, la Entidad Contratante tiene el "derecho" de solicitar la aclaración de la misma respetando el principio de igualdad entre oferentes y ordenar su rechazo o exclusión del proceso de selección cuando dicha propuesta no reúna o cumpla con los elementos esenciales del negocio jurídico. 

Bajo tal presupuesto, la Administración deberá diseñar reglas de participación que realmente salvaguarden los principios de la contratación pública, eso sí, en torno a la naturaleza jurídica de cada negocio en particular. Pues de lo contrario la Entidad Contratante o los mismos proponentes no tendrían forma de determinar qué requisitos resultan subsanables y cuáles hacen parte de los elementos esenciales del objeto negocial y cuya ausencia genera el rechazo de la misma. Lo que sin duda supone un ejercicio concienzudo al momento de la elaboración de los pliegos.

Otros aspectos a modificarse y que no dejarán de inquietar a todas las partes que participan dentro de los referidos procesos, son:

 

-      La facultad de modificación del acuerdo negocial o contrato;

-      El reconocimiento de hasta el 25% en obras adicionales respecto del valor inicialmente contratado frente a lo cual vale la pena preguntarse ¿qué pasará en los casos en que las obras no previstas superen tal porcentaje?, ¿indefectiblemente deberá acudirse a la Administración de Justicia para el reconocimiento de tales obras y evitar un rompimiento del equilibrio económico del contrato?;

-      La capacidad de un particular ajeno a la administración de ejercer la supervisión de los contratos;

-      La restricción de subcontratar actividades propias del objeto contratado;

-      La posibilidad de ceder los derechos consorciales siempre y cuando el cesionario cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos del Proceso de Abastecimiento. Recordemos que sobre el particular, hoy existe una prohibición legal respecto de la cesión de los derechos consorciales entre miembros de la Unión Temporal y/o Consorcio previsto en el inciso final del artículo 9° de la Ley 80 de 1993, aun cuando se está en presencia de una inhabilidad sobreviniente.

-      Podrá contratarse directamente aquellos procesos de abastecimiento cuya cuantía no superen los diez (10) SMLMV.

Sin duda es un proyecto reestructurador de todo el esquema de la contratación pública y que amerita seguir siendo socializado por Colombia Compra Eficiente para que a través de los mecanismos de comunicación de que disponga, puedan los actores de los procesos contractuales y todo la comunidad en general exponer sus inquietudes frente al mismo y la necesidad de ajustar ciertas disposiciones a la luz del precedente jurisprudencial ya desarrollado sobre algunos asuntos que son de la naturaleza misma de los procesos de contratación en comento.

 

 

 Lina P. Viera Almanza.

Abogada.  Especialista en Derecho Administrativo. 

DORIA Y ASOCIADOS ABOGADOS.

CARTAGENA-COLOMBIA.