El abogado Javier Doria, quien junto a un grupo de juristas de la ciudad, defiende a las familias víctimas de las construcciones de los hermanos Quiroz, dijo que la indiferencia de las autoridades ha revictimizado a estas personas.

El pronunciamiento lo hizo en una rueda de prensa donde se dieron a conocer situaciones que hoy agravan más la situación de estas familias, que compraron sus apartamentos a estas firmas constructores ilegales.

Añadió que las autoridades locales y nacionales tienen que reconocer los derechos de las víctimas de las construcciones ilegales.

Doria manifestó que la Alcaldía de Cartagena ha pagado más de 6 mil millones de pesos en subsidios de arriendos a 93 de las 230 familias que hoy padecen por haber adquirido estos inmuebles.

Igualmente señaló que se mantiene latente el riesgo de colapso de estas edificaciones las cuales han sido desvalijados por los amigos de lo ajeno, ante la falta de vigilancia privada.

Cuestionó el hecho de que el distrito haya pagado 680 millones de pesos por un contrato de vigilancia a los 16 edificios cuestionados, el cual no se cumple.

Expresó que se encuentran a la espera de una cita con el alcalde Pedrito Pereira, la cual solicitaron la semana pasada.

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